El cine como política pública

El pasado 22 de mayo, la Corte Supremade Justicia de La Nación fijó el 7 de diciembre de este año como fecha límite de aplicación para el artículo 161 de la Ley de Comunicación Audiovisual, el cual se refiere al plan de desinversión que deben encarar las empresas que excedan el límite de licencias establecido por la ley. De esta manera, la Corte se pronunció en contra de las reiteradas medidas cautelares presentadas por el Grupo Clarín, obligándolo, en el plazo de los meses restantes, a adecuarse a la normativa vigente.

Ahora bien, más allá de este punto, la Ley de Medios viene actuando dentro del entramado cultural y, especialmente, en lo que respecta a la producción audiovisual y a la industria cinematográfica argentina. El crecimiento cuantitativo en la cantidad de películas nacionales estrenadas en los últimos años, alcanzando el notable récord de 101 en el 2011, sitúa a la Ley de Medios como uno de los agentes que complejizaron y enriquecieron el panorama cinematográfico nacional. No es el único, naturalmente: el sistema de fondos públicos, administrado por el INCAA, y la llegada y la expansión dela TV Digitalson otras de las variables que posibilitaron el pasaje de la radical independencia del nuevo cine argentino de principios de los años 90 a la situación actual de incentivo y multiplicación de la producción.

Ley de Medios Audiovisuales

Una de las novedades de la Ley de Medios Audiovisuales es que establece la obligatoriedad de una serie de cuotas de producción nacional y productos genuinos de cada medio (cuya importancia es especialmente positiva para los medios regionales, muchos de los cuales orientaban su programación a la retransmisión de contenidos de los grandes medios de Buenos Aires) para conservar la licencia. De esta manera, los canales de televisión deben cumplir con una cuota de un 60% de productos nacionales y con un 30% de producción propia, incluyendo informativos locales.

Es más: el artículo 63 de la Ley establece que las emisoras no pueden cubrir con contenidos ajenos más del 30% de su programación. El objetivo, como se ha dicho, es evitar la centralización y la monopolización de determinados medios, además de fomentar la producción nacional y evitar la configuración de medios semivacios o desiertos. Un dato estadístico más que ilustrativo: las señales de cabecera —Telefe, El Trece—, antes del 2009, concentraban el 86% de la programación que circulaba por todo el país.

Rol del Estado: el cine como política pública

La expansión de la TV Digital—la cual abre no solo múltiples posibilidades de exhibición sino, fundamentalmente, novedosos dispositivos cinematográficos y nuevas ventanas de producción audiovisual—, junto con el sistema de fomento público y la Ley de Medios, abren un interrogante: ¿Cuál debe ser el rol del Estado en lo que respecta a la producción cinematográfica? Asociada a este punto, surge otra pregunta: ¿De qué manera articular las políticas estatales con la dinámica productiva del sector privado?

El jueves 22 de mayo, Generación Política Sur organizó un debate sobre la actualidad del cine argentino, que contó con la presencia de Hernán Musaluppi (secretario general de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica), Hugo Castro Fau (productor en Lagarto Cine) y Juan Arcaute (Centro de Investigación y Producción Audiovisual-CEPIA).

Sobre la incidencia del Estado en relación con la industria cinematográfica nacional, Hugo Castro Fau opina: «En Argentina, el logro importante que llevó adelante el polo audiovisual de cineastas fue que el Estado articulara políticas cinematográficas entendiendo que había que aplicar recursos estatales para quebrar con un mercado oligopólico. Y a partir de ahí, el Estado argentino no se monta en el negocio, sino que apunta, en principio, solamente al fomento. Se entendió que el mercado estaba tan absolutamente oligopolizado que era imposible para un productor audiovisual, incluso hoy en día, recuperar la inversión solamente con la explotación del mercado».

Naturalmente, la intervención del Estado es no solo necesaria sino esencial para lograr la fractura de los oligopolios y, en consecuencia, la apertura del mercado, configurando así nuevos espacios y posibilidades para la producción audiovisual. De esta manera, se da la interacción de dos esferas, la privada y la pública, generando redes dentro de la sociedad civil que producen, a su vez, industrias culturales de manera autónoma. Sin intervención estatal —nuevamente, a través de la Ley de Medios o la política de subsidios—, la industria cinematográfica se paraliza.

Un caso paradigmático, por ejemplo, es Uruguay, donde no existe fomento estatal. Otro caso, el de México, cuya política audiovisual se presenta marcada por su propia idiosincrasia. México, que tenía una política cinematográfica muy progresista, la reemplazó por acuerdos comerciales con Estados Unidos, industria a la cual le cedió sus cuotas de pantalla, con la consecuencia directa de que la Ley de Cine de México desapareció. Por el contrario, tomemos el caso de Corea: el boom del cine coreano (finales de la década pasada) se dio cuando el Estado estableció una cuota de pantalla superior al 50%.

Ahora bien, sobre la interrelación entre el sector público y privado, Fau comenta: «Donde el Estado piensa “Le estoy dando plata a esta persona para que haga su película”, está asumiendo el discurso mundial audiovisual de la Paramount Pictures. Si el Estado, dando un paso adelante, aplicando políticas para romper con un mercado oligopólico, por ejemplo, apuntando al rol del productor que, en base a la participación estatal en un proyecto particular, cede los derechos de antena de su proyecto para la televisión digital abierta o para INCAA TV, en tanto el productor pueda seguir aplicando una estrategia de negocios para sus proyectos y para el resto de las ventanas de comercialización, adopta una posición progresista. Ahora, si la política estatal cinematográfica y audiovisual tiende a que el Estado se quede con el 100% de todos los derechos, de todos los territorios, de todas las ventanas de todo el mundo, se genera una complicación en relación a la producción de redes culturales en la sociedad civil y de sectores de producción de resistencia audiovisual».

Ya se ha dicho: la intervención estatal y la articulación de políticas públicas en relación con el campo cinematográfico han generado un pasaje extraordinario en los últimos años, cuyo resultado visible y cuantitativo lo demuestran esas 101 películas estrenadas el año pasado. Lo mejor, seguramente, está por venir.

Publicado en El gran otro.